Sus reparos a algunas de las facultades que tendría la futura Superintendencia de Medio Ambiente plantearon los representantes de diversos gremios, pues estiman que se le estaría otorgando a dicha entidad atribuciones propias de un tribunal, lo que derivaría en que termine siendo "juez y parte".
Así lo manifestaron durante la audiencia pública que desarrolló la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en el marco de la discusión del proyecto, en segundo trámite, que crea una institucionalidad en materia medio ambiental.
En la oportunidad, expusieron sus puntos de vista sobre la iniciativa los representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), del Consejo Minero, de Sonami, de la Cámara Chilena de la Construcción y de los Institutos Libertad y Libertad y Desarrollo, entre otros.
Según explicó el presidente de la instancia legislativa, senador Pablo Longueira, "muchos de los planteamientos van a ser parte de la discusión en particular. Creo que muchos de ellos tienen vigencia y vamos a tener que asumir que tenemos que perfeccionar la certeza jurídica de todas las políticas medioambientales del país".
El legislador manifestó que hay plena coincidencia en que la institucionalidad propuesta en el proyecto de ley pareciera la adecuada, pero advirtió que uno de los temas de debate será el por qué no se establece un tribunal medioambiental especializado en el país.
TRIBUNAL ESPECIALIZADO
"Todos los planteamientos son que exista una buena exigencia y una buena fiscalización, pero que evitemos construir lo que siempre ha sido una crítica en nuestra institucionalidad, de que hayan organismos que sean juez y parte. Nadie se opone a que exista un rol muy potente en materia fiscalizadora a través de una superintendencia, pero para que exista una mejor resolución de los conflictos, para evitar judicializar todo el proceso medioambiental del país, pareciera indicado avanzar en un tribunal especializado en la materia ambiental", dijo el senador Longueira.
Agregó que aún no han conocido las razones por las cuales el Ejecutivo no incorporó en este trámite y en la nueva institucionalidad un tribunal, "pero creo que la institucionalidad medioambiental del país sale mucho más fortalecida si finalmente tenemos tribunales especializados. Creo que nos da garantía a todos de que podemos tener un desarrollo sustentable".
El senador Longueira explicó que el próximo lunes seguirán con la ronda de audiencias públicas, y que votarán en general el proyecto el próximo martes 28 de julio.
DIVERGENCIAS
Por su parte, el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, en representación de la CPC, señaló que para su sector es importante "poder separar este rol múltiple que tiene el nuevo Superintendente de Medioambiente que se crea, el cual no solamente tiene que hacer las investigaciones sino que también formula los cargos y posteriormente dicta sentencia. Hay numerosas sentencias que son bastante profundas por cuanto el nuevo superintendente tiene facultades para paralizar o suspender la aplicación de las resoluciones de calidad ambiente y nos parece que todo lo que tenga que ver con la parte sancionatoria debiera estar en una instancia independiente del superintendente".
En tanto, la Ministra de Medio Ambiente Ana Lya Uriarte manifestó que "no compartimos de manera alguna un juicio de esa naturaleza, porque no se es juez y parte cuando la administración lo que hace es verificar el adecuado cumplimiento de las normativas que el país tiene y en consecuencia la sanción del infractor".
Agregó que durante la tramitación en la Cámara de Diputados "se buscaron mecanismos para garantizar los derechos de los fiscalizados de manera que estuvieran absolutamente a resguardo sus facultades de defensa y naturalmente su derecho a reclamo frente a los tribunales de justicia o de una actuación inadecuada".
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Rodrigo González Fernández
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