sábado, 31 de mayo de 2008

INTERESANTE documento socialista :El cambio climático, el reto del siglo XXI

LEANLO CON DETENCION
Socialistas preparando el futuro (5): El cambio climático,

el reto del siglo XXI

 
Escrito por: Josep Joaquím Planells Benedito el 31 May 2008 - URL Permanente

Los riesgos y las oportunidades del cambio climático

El necesario cambio en el modelo energético

Respuestas a las crisis alimentaria

Urbanismo y sostenibilidad

LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En los dos últimos siglos la historia de la humanidad ha progresado. El desarrollo científico, el dominio de las enfermedades, la esperanza de vida, la expansión de la libertad y los derechos, el bienestar, todo ello ha avanzado. Pero no ha llegado más que a una parte minoritaria de la población mundial.

El hambre, las enfermedades, la pobreza, el desamparo y la exclusión, marcan la vida de miles de millones de seres humanos. Las guerras, la violación de derechos fundamentales, la inexistencia de libertades básicas, son moneda común en zonas enteras del planeta. Los fundamentalismos violentos alimentan la inseguridad y ahogan en muchas partes la simple expresión de la libertad, la igualdad y la autonomía personal.

Esos son los retos sociales a los que tenemos que hacer frente. Los retos de reducir las injustas y abismales diferencias entre condiciones de vida, oportunidades de progreso y espacios de derechos, democracia y libertad.

No tenemos que hacerlo sólo porque así nos lo exige la fidelidad a nuestros valores. Tenemos que afrontarlo porque solo con un mundo más equilibrado, equitativo, organizado sobre la cooperación, en el que progrese el bienestar colectivo, podrá convertirse en globalmente sostenible nuestro propio bienestar y obtenerse seguridad y estabilidad.

Si eso es necesario en el ámbito social, es absolutamente obligado, radicalmente imprescindible, en lo que concierne al gran desafío de nuestro tiempo, a la amenaza creciente del cambio climático. Una amenaza que es ya una realidad incontestable. Una amenaza que altera la naturaleza, pero cuyos efectos perniciosos se extienden transversalmente sobre todos los órdenes de la vida social.

Una amenaza que no solo se proyecta sobre nuestro futuro, sino que compromete el hecho mismo de que tengamos futuro. Una amenaza, pero también una oportunidad a nuestro alcance para dar un giro hacia un modelo de crecimiento y organización individual y colectiva que sea más armonioso con nuestro entorno y, por tanto, más sostenible.

El modelo con el que la humanidad ha prosperado en los dos últimos siglos y medio produce ahora, cada vez más, todo tipo de efectos perversos. Su continuidad no es que ya no sea deseable, es que resulta por completo inviable. Por tanto, ha llegado el momento de cambiar el paradigma del que nos hemos servido tanto tiempo.

El cambio es inevitable. La acumulación de evidencias es abrumadora e incontestable. Nuestro modelo de desarrollo basado en el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, la generación de gases artificiales provenientes de procesos industriales y la devastadora e indiscriminada tala de árboles, han incrementado extraordinariamente la concentración de gases de efecto invernadero, CO2, oxido nitroso o metano, acumulando en poco más de un siglo una tercera parte más de emisiones que en toda la historia de la humanidad.

Once de los doce últimos años han sido los más calurosos desde que existen registros fiables de temperaturas, hace ya siglo y medio. Contamos ya con tres décadas de reducción de la superficie de hielo en el planeta, de retracción de los glaciares y de adelgazamiento del casquete boreal. Se constata desde hace medio siglo la continua subida del nivel de los mares.

Como atestigua nuestra propia experiencia, los fenómenos meteorológicos muestran un comportamiento cada vez más irregular y extremado, dando origen a continuos desastres naturales de intensos efectos sociales. Desastres que no solo traen hambre, pobreza y desesperación a extensas poblaciones del mundo, sino que, por ello mismo, están en el origen de los intensos movimientos migratorios que se manifiestan en las últimas dos décadas, especialmente desde el continente africano.

El cambio climático es, pues, un hecho incuestionable. Un hecho corroborado por el mundo científico, producto sustancialmente de la acción humana. Así lo ha definido Naciones Unidas, ya en 1992, "el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial".

Así lo ha vuelto a constatar el año pasado en Valencia el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, grupo creado por Naciones Unidas hace veinte años. Así se ha reafirmado en la Cumbre celebrada en Bali por la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en diciembre del pasado año.

En el primer caso se ha vuelto a subrayar no solo el carácter inequívoco del calentamiento del sistema climático, sino el hecho mismo de que, debido a la acumulación de las emisiones del pasado, los impactos resultantes de dicho calentamiento son ya inevitables, y durarán un muy largo periodo, quizás siglos, debido a las escalas temporales asociadas a los procesos climáticos. En consecuencia, serán necesarias medidas de adaptación para poder asumirlos.

Es más, de continuar las emisiones de gases de efecto invernadero a los mismos niveles actuales, es decir, aún frenando por completo la espiral de su crecimiento, se causará un calentamiento adicional y aún más vertiginoso que provocará muchos otros cambios en el clima global durante las próximas décadas. Cambios de mucha mayor magnitud y efectos más profundos que los que estamos viviendo y hemos vivido en las décadas precedentes.

En el segundo caso, es decir en la Cumbre de Bali, ha habido un consenso general sobre la necesidad de llegar a compromisos internacionales que no solamente prosigan, sino que intensifiquen la senda de acción iniciada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se aprobó la Convención Marco sobre el Cambio Climático, origen de la subsiguiente Cumbre de Kyoto, en 1997.

El Protocolo aprobado entonces, destinado a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un horizonte temporal de caducidad en 2012, por lo que empieza a resultar ya urgente acordar nuevos objetivos, que necesariamente habrán de ser más ambiciosos.

Sin embargo, no basta la definición de objetivos y la expresión de compromisos. Como muestra nuestra experiencia reciente, el rechazo o resistencia a asumirlos, o el incumplimiento de los mismos por parte de los grandes emisores, puede convertir en inútiles los comportamientos responsables de muchos otros países, y sarcásticas las exigencias de que asuman sacrificios mayores precisamente los países que luchan por salir del subdesarrollo. Exigencias que resultan desalentadas por el ejemplo egoísta de quienes ya se han desarrollado con anterioridad por medio de un uso exhaustivo de recursos que ahora condenan.

Pero hay que reconocer que, aunque no todos están dispuestos a afrontar la amenaza con igual seriedad, algunos movimientos recientes resultan más prometedores que los del pasado.

Así, la administración republicana de los Estados Unidos, despectiva muchas veces con Kyoto, reticente e insolidaria siempre, preocupada más por la reducción de costes y la maximización de beneficios que por la amenaza climática, convocó hace pocos meses una reunión internacional con los países más emisores, evidenciando al menos una mayor preocupación que se va abriendo paso en el país más emisor de todos. Por su parte, el gobierno chino, país ya decisivo para el control de las emisiones actuales, pero absolutamente determinante para las futuras, ha presentado recientemente un Programa de Cambio Climático.

Construir un modelo alternativo al crecimiento basado en la economía del carbono costará tiempo y esfuerzos, y no será un camino sin dificultades, alteraciones ni retrocesos. Pero es el único camino que tiene futuro, es urgente emprenderlo cuanto antes y es imprescindible avanzar con velocidad, empezando por frenar y revertir la dinámica actual.

Ni podemos confiar en que, sin acción, el deterioro se pueda detener, ni podemos ser inconscientes con nosotros mismos y egoístas e insolidarios con las generaciones futuras. Debemos convertirnos en aliados del cambio que viene exigido por la transformación del modelo. Tenemos que impulsar y aprovechar la creciente conciencia y movilización mundiales ante esta amenaza.

Si nos aliamos con el cambio, tenemos la oportunidad de modificar algunos elementos hasta ahora esenciales de nuestro modelo productivo que han mostrado ya los límites de su continuidad, y que son a la larga incompatibles con la sostenibilidad. Luchar contra el cambio climático requiere determinación, perseverancia, esfuerzos y recursos. Acción pública, implicación empresarial y movilización ciudadana

Sin embargo, no hacerlo, además de no ser una hipótesis viable a medio plazo, comporta esfuerzos y costes aún muy superiores. Nacionales y mundiales. Costes que podrían llegar a suponer una pérdida entre 5 y 20 veces superior en términos de PIB mundial a lo que exigiría actuar decididamente con acciones tempranas. Así lo certifican la Comisión Europea, el Informe Stern para el Reino Unido, los informes referidos del Panel de Naciones Unidas y la práctica unanimidad de los expertos.

Somos plenamente conscientes de que, más allá de las reacciones nacionales, la respuesta ha de ser necesariamente global, como lo es la propia amenaza.

Nosotros, los socialistas, trabajamos por esos objetivos en el seno de Naciones Unidas. Creemos en su capacidad de acción, en la de todas y cada una de sus agencias y programas para avanzar en ese objetivo y apoyaremos decididamente que refuercen su papel.

Estamos a favor de impulsar las estrategias regionales, y de situarlos en la primera línea en la Unión Europea. Nos comprometimos en Bali a apoyar que la Unión Europea mantenga y profundice su liderazgo responsable en esta cuestión; que defienda como objetivo que la temperatura media global no aumente en más de 2ºC; que reduzca de forma autónoma para 2020, como así ha decidido, sus emisiones de dióxido de carbono en un 20% respecto de 1990; y que se muestre dispuesta a ir aún más lejos si así se comprometen también otros países industrializados.

También trabajamos intensamente cooperando al desarrollo, ayudando a los países pobres, que, una vez más, sufrirán más que nadie las consecuencias del deterioro. Defendemos que, para posibilitar un acuerdo post-Kyoto efectivo y justo, se fortaleza la financiación internacional y las ayudas para que los países pobres puedan acceder a tecnologías más limpias, sin el coste de sustitución de las actuales que para la mayoría de ellos sería inasumible.

Estamos apoyando ya acciones de ese tipo. Hemos contribuido a crear la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, con el objeto de identificar cuales son las prioridades y de construir consensos para abordarlas. Dentro de dicha Red se encuadra el Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio Climático y la cooperación con la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía.

Consideramos especialmente relevante el campo de acción dirigido a prevenir el impacto del cambio climático sobre la salud. Dicho impacto aumentará si no se toman acciones preventivas de inmediato. Aunque nadie resulte exento, sus efectos serán más dañinos para las poblaciones más vulnerables y los países más pobres.

Por ello es necesario profundizar en estrategias conjunta de la Organización Mundial de la Salud con los distintos países, que conforme una estrecha alianza operativa de los sectores de salud y medio ambiente, aseguren el impacto mínimo posible sobre el bienestar de la población.

En nuestro ámbito nacional, el informe "El cambio climático en España. Estado de situación 2007", elaborado por el panel de expertos españoles hace apenas unos meses, identifica para España patrones de comportamiento similares a los del resto de países industrializados, en el que la quema de combustibles fósiles representa el 80% de la producción y consumo de energía.

Además, pone el acento en algunos aspectos que muestran una mayor vulnerabilidad específica, relativos al riesgo de disminución de nuestros ya escasos recursos hídricos, y de una mayor dificultad de planificación, al verse sometidos previsiblemente a patrones de precipitación más torrenciales; el daño potencialmente muy elevado a nuestra rica pero precaria biodiversidad; o la amenaza real de desertificación creciente.

Pero también señala que muchos de los impactos pueden evitarse para el futuro, en tanto que otros, ya irreversibles, pueden reducirse o retrasarse en sus efectos por la mitigación. España es el decimosexto país productor de emisiones, emitimos 15 veces menos que los Estados Unidos o China, y representamos el 1% de la emisión mundial. Por ello nuestra acción reductora ha de ser, más que cuantitativa, cualitativa y ejemplarizante a nivel global. Para ello tenemos que avanzar en los campos del suministro energético, transporte, viviendas, industria, agricultura, silvicultura, bosques o residuos.

En los últimos cuatro años hemos tomado el camino adecuado para avanzar en esa dirección. Aunque habíamos ratificado en su día el Protocolo de Kyoto, el gobierno de entonces nunca se tomó en serio el cumplimiento de los compromisos voluntariamente adquiridos en la negociación, que, medidos en términos relativos, eran muy exigentes para España.

A nuestra llegada al Gobierno estábamos más lejos del objetivo que al ratificar el Protocolo. No se había aprobado el Plan Nacional de Asignaciones, y carecía de calendario preciso y de dotación presupuestaria efectiva la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética.

Hemos progresado, aprobando en 2004 el Primer Plan de Asignaciones; en 2005, el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética; y, en ese mismo año, el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, PEIT, que opta preferentemente por el modo que genera menos emisiones de gases, el transporte ferroviario; y, también en 2005, un nuevo Plan de Energías Renovables; en 2006, el Código Técnico de la Edificación.

Con todo ello, conseguimos en 2006 desacoplar el incremento de las emisiones del crecimiento de la economía, reduciendo por primera vez aquéllas en 4 puntos, con una economía que crecía cerca del 4%.

Tenemos horizonte marcado por delante. Un horizonte que guiará toda esta Legislatura. En 2007 convertimos al Cambio Climático y la Energía en una acción estratégica prioritaria del Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011. Iniciamos procesos de oxicombustión y de captura y almacenamiento de CO2. Para el periodo 2008-2012, tenemos en vigor el segundo Plan Nacional de Asignaciones, y el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. Hemos regulado normativamente la participación de España en los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kyoto, las Instalaciones Térmicas de Edificios y la Energía Eólica Marina.

Con la aprobación de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, y de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, hemos establecido el marco de actuación de todas las Administraciones y de los agentes privados. Un marco integral y complejo con el objetivo de compaginar el cumplimiento de nuestro compromiso al ratificar el Protocolo de Kyoto, con la mejora de la competitividad de nuestra economía, la creación intensa de empleo de calidad, la garantía del abastecimiento energético necesario y el mantenimiento de la estabilidad económica y presupuestaria.

En el Programa con el que hemos concurrido a las elecciones generales de 2008 hemos incorporado un buen número de propuestas que, al recibir el apoyo mayoritario de los españoles, se convierte en compromisos reafirmados en el programa de gobierno presentado en la Investidura.

Tales compromisos incluyen incentivos a las empresas que hagan público su compromiso de reducción de emisiones y presenten anualmente los resultados que obtienen; incentivos a la movilidad sostenible y al transporte público; apoyos para la aplicación de los requisitos establecidos por el Código Técnico de Edificación; rehabilitación energética integral de viviendas ya construidas; medidas generales de eficiencia energética; potenciación de la I+D+i en energías renovables limpias, donde nuestras empresas parten ya de una posición mundial de liderazgo en provisión, organización y distribución, y en la investigación para asegurar el suministro continuado partiendo de unas energías intermitentes; investigación en captura y almacenamiento de CO2; promoción de la utilización de biocarburantes procedentes de residuos agrícolas y forestales, así como de otras materias primas no alimentarias; plantación de decenas de millones de árboles.

La estructura del gobierno formado tras las elecciones responde a la prioridad establecida de lucha contra el cambio climático que, como es obvio trasciende en mucho el periodo político que acabamos de iniciar. Pondremos además todo nuestro esfuerzo e interés en que, si el largo camino de las negociaciones para la firma de un acuerdo post-kyoto no concluye antes, pueda hacerlo durante la presidencia española de la Unión Europea en 2010.

El esfuerzo continuado que tenemos por delante requiere la acción conjunta de todas las administraciones. Para propiciarlo, la celebración de una Conferencia de Presidentes impulsará la coordinación y efectividad de los planes propios de las Comunidades Autónomas y del Gobierno de España. Asimismo, a nivel local, se precisa la intensificación de las Agendas 21 y la potenciación de la Red de Ciudades para el Clima, para lo cual debe construirse un partenariado entre Estado, Ayuntamientos y entidades financieras para acometer la transformación total de los edificios públicos, en particular escuelas.

Pero esta gran batalla requiere la implicación al completo de la sociedad, mantenida durante un largo periodo de tiempo. Se requiere extender los valores en los que se funda la acción necesaria, diseminar la información disponible, educar a los jóvenes, activar la conciencia de los ciudadanos y convertir el modo de vida de cada uno de ellos, el hogar de cada familia, los espacios compartidos, en auténticos motores del cambio necesario.

España puede estar en primera línea en la lucha contra el cambio climático. Somos unos de los países más expuestos a sus efectos. Los socialistas haremos que alcance esa posición de vanguardia.

EL NECESARIO CAMBIO EN EL MODELO ENERGÉTICO

Con las grandes transformaciones que experimenta nuestro mundo actual afloran fenómenos, algunos de gestación oculta hasta hace bien poco, que evidencian o anuncian los cambios estructurales a los que estamos abocados ya, y cuyo manejo, apropiado o no, acabará determinando nuestro propio futuro.

Los países más desarrollados han adquirido conciencia desde principios de los años 70 del pasado siglo del valor estratégico de la energía, y en particular del petróleo, para la continuidad y expansión del modelo de crecimiento económico en el que se han venido fundamentando las prestaciones del bienestar.

En las últimas décadas, el itinerario de ese crecimiento ha estado habitualmente marcado por las fluctuaciones del precio de los hidrocarburos. En ese escenario, los países referidos, a los que se han ido añadiendo las potentes y muy consumidoras economías emergentes, han sido capaces de elaborar estrategias de eficiencia y diversificación que hasta hace bien poco han permitido mantener el reto de la provisión energética en límites controlables.

Pero el incremento continuo de los precios, singularmente exacerbado en los últimos años, el explosivo aumento de la demanda mundial, el cercano horizonte de agotamiento que muestran las reservas conocidas de combustibles fósiles, el cada vez más visible deterioro medioambiental que su uso provoca, unido a la mayor capacidad, política y técnica, de los países productores para decidir sobre la dimensión y las condiciones de su aportación al mercado, proyectan la evidencia de que la mera continuidad del modelo industrial basado en la energía del carbono está tocando a su fin.

Y ese inevitable final marcará el sentido de las decisiones a tomar en las próximas décadas.

Ese final llegará más pronto que tarde. Y tenemos que estar preparados para tomar exitosamente el camino alternativo. De ello depende nuestra capacidad para competir, y, más allá, nuestro éxito como sociedad y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, así como de otras instituciones especializadas, contemplan dos escenarios diferentes, pero casi igualmente comprometidos.

En el primero de ellos, el incremento de la demanda de energía de aquí a 2030 alcanzaría un 55% sobre los datos de 2005, y los países en desarrollo contribuirían con tres cuartas partes de ese incremento, suponiendo China e India casi la mitad, a pesar de que sus emisiones per cápita se sitúan por debajo de las de Estados Unidos o de los países de la OCDE. Los combustibles fósiles continuarían dominando la cesta energética.

De seguir esa tendencia, se incrementarían las emisiones de dióxido de carbono, así como la dependencia de los países consumidores.

En el escenario alternativo, en el que se contemplan políticas dirigidas a reducir la demanda de energía, el crecimiento de la misma hasta 2030 sería menor, se estabilizarían las emisiones de gases en torno a 2020 y empezarían a reducirse en torno a 2030, aunque seguirían siendo una cuarta parte más altas que en 2005.

Para conseguir llegar a ese escenario sería necesaria una vigorosa y urgente acción de todos los países, avances tecnológicos importantes, y la asunción de costes sustanciales. Pero, todavía entonces, arriesgaríamos un aumento de la temperatura media del planeta de alrededor de 3ºC sobre los niveles preindustriales, algo que no podemos soportar sin arriesgar nuestro propio futuro.

Por tanto se necesita dar un giro intenso que afecte más al propio modelo de provisión energética, y no solo a la dimensión de los parámetros del modelo actual. Es preciso ser más determinantes en la búsqueda y exploración de nuevas fuentes de energía, así como en la introducción de cambios sustanciales en el modelo económico de producción.

Con toda probabilidad no habrá una sustitución absoluta del modelo actual por otro alternativo por completo distinto. La provisión de energía en el futuro seguirá teniendo aportaciones de fuentes distintas, y las asociadas al carbono, seguramente aliviadas en sus efectos perniciosos por las conquistas tecnológicas, formarán parte de la cesta total.

Pero es necesario apostar por energías renovables, limpias y sostenibles. Algunas propuestas empiezan a tomar fuerza en la investigación y en la exploración de cara al futuro por parte de determinados países o unidades supranacionales, como la Unión Europea, que lo está impulsando tanto desde la Comisión como desde el Parlamento.

Aunque hoy las energías alternativas suponen aún una parte limitada del mix energético, lo cierto es que esa parte va creciendo, la tecnología utilizada para obtenerla se va perfeccionando y mejorando su rendimiento, y los precios a los que se obtienen son cada vez más competitivos, de una parte por las economías de escala, pero especialmente si tenemos en cuenta la sostenida deriva alcista del petróleo. Su generalización plantea todavía problemas de almacenamiento y de superación de las intermitencias a las que se exponen los comportamientos de la naturaleza. Para superarlos se ha propuesto y se viene experimentando acudir al hidrógeno como medio de almacenamiento, garantía de estabilidad de suministro y facilidad para el transporte.

Con esa tecnología de producción y almacenamiento, y aprovechando la revolución aportada por las tecnologías de la comunicación, sería posible a empresas, viviendas, y particulares convertirse a la vez en generadores y consumidores, generar por sí mismos energía renovable e intercambiarla entre sí en un mercado bidireccional, estableciéndose una interconectividad que balanceara los usos y flujos energéticos.

España es uno de los países en muy buena situación de partida para asumir cambios como el referido. Somos una potencia real en el campo de las energías renovables. Tenemos empresas potentes, establecidas en diversas partes del mundo, y tecnología disponible de primer nivel. Podemos progresar mucho más en fuentes como la solar térmica, mareomotriz, eólica marina, fotovoltaica y biomasa. Podemos ser primeros actores entre quienes lideren lo que bien puede considerarse una tercera revolución industrial.

En todo caso, no podemos perder de vista cuales son las claves finales de respuesta a nuestras necesidades energéticas: suficiencia en la provisión, variedad de fuentes, seguridad en la generación y en el transporte, garantía de conexión.

Muchas de las claves antes referidas remiten no solo a una cuestión de modelo económico o de tecnología, sino que se insertan en cuestiones de orden geopolítico que no pueden ser resueltas más que por medio de relaciones económicas internacionales justas, ordenamientos supranacionales, legitimidad multilateral y cooperación.

RESPUESTAS A LA CRISIS ALIMENTARIA

Estamos asistiendo en los últimos meses al incremento exponencial del precio de los alimentos básicos. Productos tan básicos para centenares, si no miles de millones de seres humanos, como es el arroz, casi han doblado su precio en apenas el primer trimestre de 2.008. Otros productos y materias primas esenciales para esa misma cantidad de población han seguido camino parecido.

Puede que ese giro espectacular haya pillado por sorpresa al mundo mediático, que rápida y lógicamente ha puesto el foco de atención sobre el mismo ante la emergencia de hambrunas y problemas de nutrición en diversas áreas del mundo. Pero nada más lejos de constituir un hecho inesperado. En realidad tenemos los suficientes elementos para concluir que no se trata de un fenómeno pasajero, provocado por factores coyunturales, de condición fluctuante y de previsible pronta solución. Por el contrario, constituye un elemento estructural de nuestra realidad que afecta ya hoy a los cimientos del sistema.

Entre las causas que lo explican figura el continuo crecimiento de la población, que añade cada año cerca de un centenar de millones de personas al total mundial.

Asimismo, la emergencia de nuevos competidores por los recursos naturales de todo tipo; los intensos cambios consumistas en general, y alimentarios en particular, provocados por la mayor renta disponible en múltiples países que abandonan el profundo subdesarrollo y la economía de mera subsistencia, como es paradigmáticamente el caso de China o India, que sumadas, suponen hoy el 40% de la población mundial.

Igualmente, los desastres climatológicos, cada vez más frecuentes y más intensos, corolario de los efectos del cambio climático; las guerras que devastan regiones enteras del planeta, en especial de África. Ambos fenómenos, unidos al estructural de la pobreza, provocan intensos y prácticamente siempre veces desesperados movimientos migratorios con efectos perversos sobre la despoblación y la pérdida de capacitación de los países emisores.

Cuenta también el abandono de extensas áreas rurales como consecuencia de la intensificación de la urbanización asociada a la búsqueda de la mejora de las oportunidades y condiciones de vida.

Asimismo, el previsible efecto del uso alternativo de potenciales alimentos para la producción de biocombustibles, sometido ahora a fuerte discusión por su eventual incidencia en la escasez de tales alimentos y sobre su propio e intenso impacto medioambiental.

El debate está abierto, y reviste una gran complejidad, pues las conclusiones, en ningún caso suficientemente claras, dependen de la generación de biocombustibles de que se trate, de las materias primas utilizadas y de las tecnologías de proceso, teniendo un menor impacto los llamados de tercera y cuarta generación, en los que se utilizan, en el primer caso, técnicas de biología molecular para mejorar la conversión de biomasa o biocombustible, y, en el segundo, la captación y almacenamiento de carbono tanto a nivel de materia prima como de tecnología de proceso.

La relación entre agricultura, cambio climático y producción de biocombustibles es cada vez más estrecha. De una parte, la agricultura contribuye fuertemente al cambio climático, en tanto que éste altera, en general adversamente, aunque varía según las latitudes, la propia capacidad de producción agrícola. Por otra parte, el cambio climático está afectando ya a los patrones de distribución de plantas, a la extensión de especies invasivas y a la proliferación de enfermedades vegetales y animales, con riesgo de extensión al género humano.

Reviste singular riesgo el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de agua, resultado de la combinación de sequías y precipitaciones extremas, mayores variaciones estacionales, incremento de la evaporación, etc. De hecho, existe en varias áreas del mundo un alto potencial conflictivo derivado del acceso al agua.

Finalmente, también han tenido su efecto los movimientos acaparadores y especulativos, guiados por el descarnado afán de ganancia.

Las consecuencias de todo ello son costosas en los países ricos, pero no llegan por ahora a medirse más que en términos de presión alcista sobre la inflación. Por el contrario son absolutamente catastróficas sobre áreas enteras de África, Sudeste Asiático y América Latina, desestabilizando la economía de muchos de sus países, provocando escasez y hambre.

La ONU habla de la mayor crisis alimentaria de la humanidad en décadas, y la FAO, la agencia mundial de la agricultura y los alimentos, se ha referido a la situación actual como un "tsunami silencioso", que trae hambrunas y excita revueltas. Los esfuerzos mundiales de lucha contra el hambre son cada vez más insuficientes. El cumplimiento de los objetivos del Milenio se aleja.

En este escenario de aguda crisis alimentaria, algunos países han mostrado su intención de apoyar con recursos propios acciones de emergencia. Es el caso de Estados Unidos, que además de anunciar una ayuda puntual poco significativa para su capacidad económica, se propone impulsar la cooperación de instituciones financieras internacionales o del G-7. O nosotros mismos, que apoyamos programas ambiciosos de ayuda por parte de instituciones financieras internacionales, gobiernos y administraciones y sociedad civil. Recientemente, por ejemplo, en el marco de la reunión del Banco Asiático de Desarrollo, reunido en Madrid el pasado mes de mayo.

La cooperación al desarrollo constituye, sin duda, un instrumento necesario para que los países, las regiones, los colectivos pobres afronten el mayor coste que para ellos siempre tienen todas las situaciones de escasez. Los socialistas lo entendemos así, y por esa razón hemos atribuido a tal cooperación un papel central en la identidad política de nuestra gestión desde el Gobierno.

En apenas cuatro años hemos duplicado nuestra aportación en porcentaje del PIB, y en los próximos cuatro lo situaremos en el 0,7%. Entonces estaremos entre los diez países del mundo que mayor porcentaje destina a ello, y seremos el primer país de entre las grandes economías del mundo en alcanzarlo.

Ahora, ante emergencias concretas proponemos que no solo actúen los países, sino también las organizaciones internacionales, en especial Naciones Unidas, cuya acción seguiremos apoyando financieramente. Seremos asimismo parte impulsora en el seno de la Unión Europea para que ésta asuma un papel cada vez más activo.

Sin embargo, para afrontar lo que hemos considerado una crisis estructural no basta, ni de lejos, con meras acciones de ayuda y cooperación, por muy intensas que éstas sean.

Como se señala recientemente por diversos paneles intergubernamentales con participación de organizaciones no gubernamentales y expertos de variada adscripción disciplinaria y distinto enfoque ideológico, hay una consenso creciente en que es necesario incrementar la investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la agricultura para conseguir un desarrollo sostenible, que reduzca el hambre y la pobreza, apoye el medio rural y aporte equidad y cuidado medioambiental.

Desarrollo tecnológico, formación, cooperación y compromiso global compartido se convierten en la base para afrontar este reto. La biotecnología, cuyos desarrollos se suceden a una extraordinaria rapidez, marca la frontera del cambio. Un cambio que potencialmente contiene grandes beneficios para la humanidad.

Pero algunos de esos desarrollos son contestados socialmente, en tanto que muchos de ellos no llegan más que a los países más avanzados, convirtiendo además en marginales muchas de las formas de producir culturalmente arraigadas de los países pobres, que se esfuerzan en mantenerlas como un componente de su identidad. Por ello necesitamos construir consenso social por medio de las evidencias científicas, los debates sobre las prioridades y los esfuerzos para la equidad.

A partir de ahí, necesitamos una agricultura que trabaje con la naturaleza y no expolie sus recursos en una dimensión cada vez más insostenible. Que tenga una dimensión global, ofrezca oportunidades a los países pobres e implante reglas justas de comercio. Que combata la pobreza rural y la exclusión urbana. Que atienda, cuando sea conveniente, a las tradiciones culturales y productivas como un elemento inesquivable de integración social.

Hemos obtenido éxitos en las mejoras de la productividad de la agricultura, pero no tanto en la prevención de las injustas o negativas consecuencias sociales y medioambientales asociadas a esos éxitos. No hemos prestado la atención requerida a cuestiones como la pérdida de biodiversidad, o al déficit de provisión de agua. Es hora de poner en marcha políticas que eviten o minimicen estos efectos.

Son cada vez más precisas políticas que reduzcan la asimetría de desarrollo en el mundo. Políticas de contención de los subsidios que animan al mantenimiento o la expansión de prácticas insostenibles. Políticas regulatorias más abiertas, que no frenen el acceso libremente competitivo a los mercados de los productores de países pobres, muchos de cuyos productos son altamente competitivos sin barreras artificiales. Políticas que provean el acceso a servicios financieros como los seguros y otros, que apoyen los microcréditos. Políticas de desarrollo de mercados de servicios.

Políticas integrales que incorporen una perspectiva progresista, justa, de la necesaria protección de derechos de propiedad y patentes, que faciliten el acceso a semillas y todo tipo de productos implicados en la producción. 209 . Es necesario repensar, pues, desde esta perspectiva las políticas agrarias y de autoprotección comercial de los grandes países y de las unidades supranacionales, avanzar en las rondas del comercio mundial, y, asimismo, reconsiderar el abandono de producciones que las necesidades de hoy y la presión sobre los precios vuelven a convertir en económicamente rentables.

Por otra parte, como hemos podido comprobar reiteradamente en los últimos años, las amenazas a la seguridad alimentaria están creciendo en el mundo. Gripe Aviar, vacas locas, intoxicaciones, etc. En muchos casos, los riesgos de pandemia de enfermedades infecciosas, entre animales y poblaciones humanas, trascienden las fronteras de la pobreza en las que hasta ahora se hallaban circunscritos. En otros, el uso de la tecnología conoce fallos peligrosos en los países adelantados. Frecuentemente, esos fallos son el resultado final del afán de beneficio.

Se hace cada vez más necesaria la identificación preventiva de riesgos, la transparencia más severa en el uso de productos (pesticidas, metales pesados, hormonas, antibióticos, aditivos, etc), el estricto control veterinario, el establecimiento de un sistema eficaz y responsable de alertas tempranas de alcance global, el seguimiento inteligente de los procesos de producción, procesamiento, preservación y distribución.

Son precisas, igualmente, políticas decididas de aliento a las prácticas saludables y de prohibiciones, cuando sean precisas, de prácticas sociales de hábitos que no lo son.

Prevenir enfermedades cuya causa se identifica con tales prácticas, muchas de ellas de orden dietético, y que comportan un enorme coste en términos individuales y sociales, lejos de ser una restricción insoportable a la libertad, constituyen mecanismos de solidaridad colectiva que se enmarcan claramente en los valores progresistas. Desde esa perspectiva progresista son cada vez más imperiosas las políticas de rango mundial que ataquen la desnutrición, las enfermedades crónicas e infecciones en gran parte del planeta.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

La cuestión de la sostenibilidad, como concepción de frente integral contra el cambio climático, ha alcanzado con buenas razones al debate urbanístico. El sector residencial contribuye de manera importante a la emisión de gases de efecto invernadero, y tiende a incrementar su intensidad de consumo energético. Aún cumpliendo la Ley del Suelo, que sin duda significa un gran avance y un punto de partida para revertir un proceso de sobreexplotación del mismo, el Código Técnico de la Edificación y la Certificación Energética de edificios, tendremos muchas dificultades para poder cumplir con Kyoto.

Necesitamos, por tanto, cambiar hábitos en nuestro modelo generalizado de desarrollo insostenible, con un territorio muy alterado, de ocupación indiscriminada y de transformación de suelo artificial. De cara al futuro necesitamos una cultura de protección y de preservación del suelo como recurso y patrimonio colectivo.

Necesitamos instalar un urbanismo con análisis previos de impactos sobre el territorio, freno a los procesos de sobrecalificación de suelo apto para urbanizar, buena base de ordenación, mayor y mejor planificación, inserción apropiada en la ciudad, agilidad administrativa y atención creciente al paisaje y a la calidad de la forma urbana.

Todo ello no se consigue solo con medidas paliativas sobre el modelo actualmente predominante. Requiere limitar el modelo de ocupación y transformación de suelo artificial, desde el centro de la península a las coSnurSSbaciones litorales, que consume en recursos y contamina en emisiones.

En consecuencia, las políticas activas y las estrategias positivas han de ir, en primer lugar, enfocadas a la producción de "arquitectura de emisión cero", o lo que es lo mismo a promover arquitecturas de energías renovables, de bajo consumo de recursos y que sean "nichos" de emisiones por sí mismas, o mediante sus entornos, utilizados como sumideros, lo que significa un cambio radical en la manera de proyectar los sistemas y sus áreas de influencia.

La arquitectura como yacimiento de emisiones y producción de energía es un objetivo ya de esta década, pero no será suficiente si no pensamos en barrios y distritos ecológicos, lo que quiere decir actuaciones integrales de "energías limpias" y "emisión cero" en partes importantes de las ciudades, que ataquen en origen las fuentes de emisión.

Esta posición activa significa proyectar pensando en no emitir, emitir menos o mitigar más. Y este desafío hay que ponerlo en la misma raíz del urbanismo público y privado. El diseño inteligente de los territorios no puede basarse en la mera singularidad que añade valor de marca al concepto de lo sostenible. Hay que hacer un esfuerzo complementario para instrumentar políticas de nuevo cuño que estabilicen la forma y las metodologías de conocimiento sobre la ordenación urbana en un nuevo contexto cultural y tecnológico

El desafío de cambiar los parámetros de nuestra producción de ciudad pasa por hacer ciudades avanzadas mediante un urbanismo de redes, de capas y multidimensional.

Urbanismo de redes, es decir, un urbanismo que no sea estanco respecto de la necesaria porosidad de los sistemas ambientales, limpieza de emisiones por sinergia de las redes de energía, recursos, agua, electricidad, saneamiento, etc. Un urbanismo de capas que tenga tanto interés en el subsuelo como en el cielo y que estructure muchas dimensiones a la vez, teniendo en cuenta la eficacia del contexto, la eficiencia socioeconómica y la responsabilidad hacia el medio físico. No solo el "lugar" sino las implicaciones del entorno y los límites. Unos límites que deben dejar de ser herméticos y autistas, para convertirse en elementos de intercambio dinámico y de flujo de energías desde la arquitectura a la ciudad en un proceso reversible de ida y vuelta.

La ciudad así concebida es la meta de un proceso gradual de cambio en los modelos de planificación estratégica, supra-municipal y supraterritorial, para adelantarse a los procesos en lugar de ir a la zaga de sus impactos perversos, como ocurre ahora. Las ciudades sostenibles vendrán de un esfuerzo continuado por proyectar la ciudad sostenible desde dentro de la existente y crear ciudad con la iniciativa pública, lo que va más lejos de crearla sólo con la vivienda social energéticamente eficiente.

POR SU INTERESANTE CONTENIDO ESTA INTEGRO EL BLOQUE TRES DEL DOCUMENTO A DEBATE EN EL 37 CONGRESO DEL PSOE

Y lo que viene a continuación, algunas sugerencias para el debate en el Congreso

Los bosques y los espacios forestales constituyen uno de los principales sumideros de carbono, por lo que constituyen un elemento determinante para que además de la reducción de emisiones, se propicie la captación y fijación que ya existe en la atmósfera. Por tanto la sociedad debe dar un apoyo a la mejora forestal.

Igualmente, resulta urgentemente cambiar el modelo de planificación territorial, y elevar la escala de planificación y de toma de decisiones a un nivel supramunicipal. Para de este modo llevar a cabo una ordenación de territorial más sostenible, coherente y justa.

Es necesario apostar por energías renovables, limpias, sostenibles y además seguras.

Debemos cuestionar la energía nuclear a la vista de los graves riesgos de seguridad que implica en el corto plazo y los problemas de gestión de residuos y contaminación que suponen a medio y largo plazo. España tiene condiciones para planificar su futuro energético reduciendo el peso de la opción nuclear progresivamente.

La perspectiva de reducción y racionalización del consumo energético significa cambiar hábitos vitales insostenibles y profundamente insolidarios, tanto en la esfera individual como en los diferentes sectores productivos de nuestra economía.

Debe haber más compromiso en las políticas promoción de la salud bajo una perspectiva más integral del concepto acometiendo políticas activas, preventivas, de control y orientadores, con atención especial a la dietética de los españoles y a los hábitos saludables. Por ellos se propone que las administraciones educativas y sanitarias fomenten cambios de vida en aspectos de promoción de educación para la salud, y favorezcan los cambios dietéticos necesarios para evitar costos en los términos individuales y sociales.

Una estrategia de urbanismo sostenible no puede olvidar una de las causas del crecimiento desordenado de las ciudades y la sobrecalificación del suelo: los Ayuntamientos han usado su desarrollo urbano como vía de financiación. La cultura especulativa y del beneficio inmediato asociada a la construcción que ha calado en amplias zonas de España ha trascendido de las expectativas personales a las políticas públicas. Demasiadas veces corporaciones con mayorías progresistas han tomado decisiones de grave impacto en el ordenamiento del territorio y en el equilibrio del medio buscando la generación de recursos inmediatos a costa de hipotecar o malograr para siempre un recurso permanente como es el medio ambiente y el paisaje, una riqueza que debemos conservar de generación en generación, un bien que debe conservarse como garantía presente y futura de bienestar. Es un proceso de peligrosa "urbanalización". Por esta razón es imprescindible abordar esta vertiente de la insostenibilidad urbanística y, además de crear nuevas herramientas de planeamiento y ordenación que trasciendan el estricto marco municipal, acometer la reforma de la financiación de los ayuntamientos y en su caso la delimitación de sus atribuciones y, por tanto, de sus gastos.

Y junto a la arquitectura hay que ocuparse de la movilidad. En la ciudad y en las comunicaciones pendulares entre residencia y lugar de trabajo. La planificación urbanística de nuestros municipios debe garantizar la conexión sostenible y alternativa al transporte privado entre los espacios residenciales y los espacios productivos. La inversión en redes de movilidad sostenible no solo en la trama urbana estricta, también entre esta y su periferia productiva es una prioridad para cambiar radicalmente las dinámicas cotidianas que hoy son nítidamente insostenibles medioambientalmente y desde el punto de vista de la racionalización del uso del tiempo de las personas.

El desafío de cambiar los parámetros de nuestra producción de ciudad pasa por hacer ciudades avanzadas mediante un urbanismo de redes, de capas y multidimensional. Y con ese diseño de ciudad estamos en



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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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