El Defensor del Pueblo de la Nación inicia investigación
Con el título "Desaprensión por el cuidado del medio ambiente", el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, emitió un comunicado informando que a raíz del derrame de petróleo en Comodoro inició una investigación destinada a determinar responsabilidades de los actores involucrados en el tema.
Según se informó, el Defensor del Pueblo de la Nación dispuso «iniciar de oficio una amplia investigación a fin de determinar las responsabilidades que correspondan, tanto en la órbita del Estado nacional como del provincial», por el grave derrame de petróleo que afectó inicialmente cuatro kilómetros de playa en Caleta Córdova.
En el comunicado, sostuvo que «en las últimas horas, con una elevada mortandad de aves marinas por el incidente, se temía un desastre ecológico en proximidades de la ciudad de Comodoro Rivadavia».
Mondino considera que «si hubieran funcionado los mecanismos de alerta exigidos por la legislación vigente, esta tragedia ambiental habría sido limitada en su extensión. Ni las operadoras navales, ni las petroleras, ni las autoridades actuaron adecuadamente», señaló el ombudsman.
Recordó el Defensor nacional que «esta desaprensión por el cuidado y preservación del medio ambiente por parte de las petroleras» ya fue motivo de su intervención en otras dos investigaciones, una en la cuenca petrolera neuquina, con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, y otra en la cuenca petrolera magallánica.
Mondino realizó una investigación a partir de la denuncia de las comunidades mapuches, dueñas de las tierras del yacimiento Loma La Lata de Neuquén, donde denunciaron la presencia de 17 a 30 metales pesados en la sangre y tejidos de los pobladores. Ese yacimiento, que es explotado desde 1982, se compone de 33.000 hectáreas con más de 100 pozos.
UN PLAN DE MANEJO
En declaraciones periodísticas, el Defensor señaló que el recurso energético «ha sido muy mal manejado por quienes han sido los responsables hasta hoy. Es alto el pasivo ambiental que dejan, especialmente en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza».
Para el ombudsman, «no se cuidó ni mínimamente el aspecto ambiental y tanto YPF como otras 17 empresas petroleras tienen una alta responsabilidad en la contaminación de la cuenca hidrocarburífera neuquina».
Precisamente, en junio de este año Mondino se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, junto con la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASUPA), para que las empresas concesionarias de diferentes áreas para la explotación petrolífera sean condenadas al cese de la actividad contaminante en la cuenca neuquina y para que se hagan cargo de la recomposición del ambiente dañado, en particular el suelo, el aire y las aguas superficiales y subterráneas.
El defensor espera comenzar a discutir a fondo el tema de la contaminación por efecto de la exploración y explotación de recursos petrolíferos.
«Insistiremos en nuestra postura para que estas acciones altamente depredadoras sean llevadas a cabo sin contaminar a niveles que luego son muy difíciles y costosos de recomponer. Una de las faltas importantes, en especial de parte de Repsol YPF, se dio por no cerrar adecuadamente los pozos, dejando el problema para los argentinos. No se puede ser pasivo con estas empresas que no trabajan según normas adecuadas y sustentables en lo concerniente al medio ambiente. No nos engañemos: estos daños a la tierra, el aire y el agua no se solucionan en poco tiempo y afectan duraderamente a los actuales habitantes de estas tierras y a los que están por venir».
Mondino señaló que las empresas deben aumentar las inversiones en exploración y tecnología de desarrollo a los fines de revertir la caída en la producción de petróleo y gas.
Recordó que hace más de dos años que viene reclamando un programa de responsabilidad energética donde todos los actores, el Estado, los productores, generadores, usuarios en general, entre otros, cumplan adecuadamente el rol que le compete a cada uno.
«El Estado tiene una función muy importante en un programa de este tipo, explicitando claramente las necesidades energéticas que el país requiere; tiene la tarea de conducir el proceso, y realizar un amplio consenso con todos los actores y hacer cumplir la ley».
Se trata, señaló el ombudsman, de suscribir un acuerdo energético en el cual la población comprenda el significado que tiene el uso responsable de la energía.
02/01/08
EL PATAGONICO
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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