sábado, 14 de noviembre de 2009

AMBIENTE-EEUU: Empleos verdes para una economía sustentable

AMBIENTE-EEUU: Empleos verdes para una economía sustentable

Por Matthew Cardinale

Gloria Tatum se ocupa de su huerta  / Crédito:Matthew Cardinale/IPS
Gloria Tatum se ocupa de su huerta

Crédito: Matthew Cardinale/IPS

ATLANTA, Estados Unidos, nov (IPS/IFEJ) - La posibilidad de una catástrofe ambiental lleva a muchos políticos, académicos y ciudadanos a reformular el paradigma, antes incólume, de una economía basada sobre el crecimiento constante.

Esto es así porque a sectores cada vez más amplios de la población, especialmente la de la mayor potencia mundial, Estados Unidos, les queda claro que tendrá que consumir menos recursos naturales para minimizar los peligros que amenazan de muerte al planeta.

La gran pregunta es: ¿cómo puede pasar Estados Unidos a una economía de "crecimiento cero" que se sustente y en la cual no aumente el desempleo? Si la población consume menos bienes y servicios, ¿eso significará menos trabajo en la industria manufacturera y en la venta y provisión de esos bienes y de servicios?

"Es una buena pregunta, porque en este momento afrontamos niveles insostenibles de consumo", dijo para este artículo John Talberth, presidente del Centro para la Economía Sustentable. "Si no consumimos suficiente, toda la economía colapsa, y tenemos que cambiar."

En ese sentido, el gobierno de Barack Obama promueve empleos "verdes" en la producción de energía de fuentes renovables, como la eólica y la solar, de modo de asegurarle a su país el mantenimiento de su competencia económica, al mismo tiempo que aborda problemas como el cambio climático.

Sin embargo, los empleos verdes avanzan sólo hasta cierto punto, principalmente reemplazando a los más sucios en los sectores del petróleo, el carbón y los reactores nucleares. Esto no alcanza para compensar la posible pérdida de trabajos que implica la reducción del consumo general en este país.

Muchos ciudadanos estadounidenses ya comienzan a reducir su consumo, aunque no necesariamente por una preocupación ambiental, sino por el terrible estado de la economía, la misma razón por la cual cada vez más restaurantes y comercios cierran sus puertas.

Cuando la gente compra menos, las autoridades de las ciudades, cuyos presupuestos dependen de impuestos a las ventas, reducen, a su vez, servicios como el cuidado de espacios públicos y los policiales.

PASARSE AL LOCALISMO

En las últimas décadas se ha constatado una tendencia mundial a la globalización, la centralización, la especialización y la producción masiva. El argumento económico para la centralización es la eficiencia: que menos personas produzcan más mercaderías. Esa práctica ha redundado en desempleo.

"El pasaje de industrias pequeñas a industrias de gran escala redujo la demanda de mano de obra", observó Talberth.

"Hemos salido de tres décadas o más de concentrarnos en una política económica de globalización. Como sabemos, esto ha llevado a desestimar enormemente la base manufacturera estadounidense, y ha perjudicado a comunidades de todo el mundo. Si dejamos la globalización para pasar a la 'localización', crearemos una cantidad fantástica de nuevos empleos", agregó.

Judy Wicks, fundadora de la Alianza Empresarial para las Economías Locales Vivas, describió la visión de una nueva modalidad de producción según la cual "los puestos dedicados a la fabricación de bienes innecesarios que se destinan a consumidores autómatas serán reemplazados por empleos valiosos que ayuden a construir la autonomía local".

"La mayoría de nuestros alimentos son importados y procesados por grandes compañías en otros lugares. No sólo necesitamos apoyar a nuestros agricultores locales, sino también a los trabajos y empresas que distribuyen los productos frescos y procesan nuestros alimentos, para que los enlatados de nuestra tienda procedan de nuestra localidad", añadió.

La masajista Gloria Tatum, de Decatur, en el sudoriental estado de Georgia, llegó a esa misma conclusión el año pasado, cuando la demanda de sus servicios se redujo. Fue entonces que decidió cultivar verduras en el jardín del frente de su casa. En 2008 cosechó más de la mitad de los alimentos que consumió, y espera llegar a las tres cuartas partes el año próximo.

Según Wicks, "esto significará más empresas y muchos más propietarios. La propiedad de las empresas se distribuirá de un modo mucho más amplio".

Es decir que los beneficios del consumo comunitario llegarán más a las familias y menos a accionistas corporativos y a instituciones financieras, explicó. "La economía local coloca en el mercado productos realmente únicos y apoya la innovación local. Las dinámicas economías locales apoyan a sus artistas locales, a sus músicos, a su cultura local. Sus comunidades crean productos únicos que expresen la cultura local", expresó.

"Puede ser un gran vino, un gran queso, una nueva moda… cualquier cosa que una comunidad cree, para que su economía cree cosas que celebren al ser humano y no a los productos básicos", dijo Wicks.

INVERSIONES VERDES Y SOCIALES

"Nuestra economía debe crecer, pero nuestras inversiones deberían ser verdes. Se debería invertir en grande en mejoras a la eficiencia energética de los edificios y de las industrias, en energía eólica y solar, en transporte masivo", dijo James Heintz, del Instituto de Investigaciones sobre Economía Política de la Universidad de Massachussets en Amherst.

"Una parte de esto sería la modernización de la infraestructura eléctrica nacional. La red está muy centralizada y es muy vieja. No puede adaptarse a la energía solar y eólica", señaló.

"Todas estas inversiones crearán empleos y ayudarán a mantenerlos en las áreas de la economía que ya existen", agregó.

El presidente Barack Obama y el Congreso legislativo de Estados Unidos aprobaron un paquete de estímulo incluido en Ley Estadounidense de Recuperación y Reinversión (ARRA, por sus siglas en inglés).

La norma prevé una inversión de unos 100.000 millones de dólares "para apoyar esta clase de inversiones verdes", dijo Heinz. El experto consideró que esa ley "no sólo crea inversiones en empleos verdes", sino que también dispone que ciertas instalaciones hoy en uso sean dejadas de lado "para que la economía avance hacia el futuro", dijo Heintz.

"Los estándares de eficiencia energética para los edificios nuevos producen rédito con mucha rapidez, gracias al ahorro de energía. En cinco años se recupera la inversión", aseguró.

Sin embargo, el dinero previsto por la ARRA para edificios energéticamente eficientes no alcanzará a todas las construcciones de Estados Unidos. Eso llevará al menos 30 años, dijo.

"Hay que crear incentivos ahora para que la economía pase a una clase de producción y consumo que mejoren mucho la eficiencia en el uso de los escasos recursos que tenemos, y le exija menos al ambiente de modo que los ecosistemas puedan asimilar la contaminación", opinó Heintz.

La eficiencia energética también permitirá que las familias ahorren dinero, añadió.

Talberth, del Centro para la Economía Sustentable, sostuvo que Estados Unidos necesita, además, inversiones sociales.

TRABAJAR MENOS

Algunos sugieren que en un futuro la sociedad puede concluir que no es necesario ni deseable que toda la población económicamente activa trabaje tanto. Es decir, que se puede producir colectivamente todo lo que se necesita, con menos trabajo y menos empleados.

"Si tenemos a toda la población a salvo de la pobreza y el hambre, recibiendo atención médica y educación, no hay motivos para que todos deban trabajar 40 o 60 horas a la semana. Tiene que haber más tiempo dedicado al ocio", dijo Talberth.

Según Wicks, "esto también significa que trabajemos menos".

"Muchas veces la gente está desesperada por dinero porque quiere comprar toda esta basura. Tal vez si cambiamos nuestros valores no necesitaremos tanto dinero, y tampoco necesitaremos trabajar tanto", dijo.

* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). (FIN/2009)

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CAMBIO CLIMÁTICO-EEUU: A Copenhague con muy poco en la valija

CAMBIO CLIMÁTICO-EEUU: A Copenhague con muy poco en la valija
 
 

Por Matthew Berger

WASHINGTON, 7 nov (IPS) - El impulso que adquirió en las últimas semanas la iniciativa legislativa para combatir el cambio climático en Estados Unidos no alcanzará para conformar un marco legal antes de la conferencia de la ONU, que se realizará en diciembre en Copenhague.

Además, parece excesivo el precio que tendrán que pagar quienes están más comprometidos en este país con obtener una ley que ponga límites a la contaminación de gases invernadero causantes del cambio climático.

La senadora del gobernante Partido Demócrata, Barbara Boxer, logró que el Comité de Ambiente y Obras Públicas del Senado, que preside, aprobara el jueves el proyecto de ley titulado Clean Energy Jobs and American Power (Empleos en energías limpias y electricidad en Estados Unidos), pese al boicot de los integrantes del opositor Partido Republicano, quienes reclamaron un análisis mayor de su impacto económico.

Los senadores John Kerry, Joe Lieberman y Lindsey Graham anunciaron el miércoles que trabajarán fuera del comité para redactar una nueva versión y conseguir el suficiente apoyo de legisladores de ambos partidos para que se apruebe el proyecto. Necesitan al menos 60 votos para evitar todo tipo de obstrucción legislativa.

Todo esto sucede cuatro semanas antes de la conferencia Copenhague, donde se tratará de alcanzar un tratado que reemplace al Protocolo de Kyoto, que vence en 2012. El convenio acordado en Japón en 1997 y en vigor desde 2005, obliga a 37 países industrializados a reducir sus emisiones de gases invernadero en al menos 5,2 por ciento para esa fecha, respecto de los volúmenes registrados en 1990.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a una gran cantidad de intereses corporativos locales y que ya trabó otras iniciativas legislativas, apoyó la propuesta de los tres senadores.

La entidad espera que el Congreso legislativo apruebe una ley sobre cambio climático "con apoyo de ambos partidos y que reconozca las diferencias regionales, el avance tecnológico y la necesidad imperiosa de llegar a una solución que minimice el impacto económico global", explicó en un comunicado.

El demócrata Kerry y el republicano Graham indicaron en una columna publicada en octubre en el periódico The New York Times, que su propuesta bipartidista contemplará la inversión en energía solar y eólica e incluirá otros aumentos para más centrales nucleares y más prospecciones petroleras.

"Lo que necesito para apoyar un proyecto de ley sobre cambio climático", dijo Graham a una radio a fines del mes pasado, es "un artículo sobre perforaciones marítimas que nos permitan aumentar nuestras reservas y generar dinero para crear empleo y mejorar la capacidad interna. No sólo alguna que otra perforación, sino que muchas".

Graham declaró el jueves que él hubiera vota en contra del proyecto que aprobó esa mañana el comité de Ambiente y Obras Públicas si ésa hubiera sido la versión enviada al Senado.

El independiente Lieberman forma parte de un bloque de senadores que esperan incluir incentivos financieros para construir nuevas plantas nucleares en la versión final de la propuesta.

Las organizaciones ambientalistas ven con buenos ojos los avances en la discusión legislativa de un asunto deliberadamente ignorado por el gobierno de George W. Bush (2001-2009), pero lamentan que deban incluirse esos otros elementos.

"Primero, y antes que nada, queremos que se ponga un tope a las emisiones", señaló Sarah Saylor, asesora de Earthjustice en materia legislativa. Pero "avanzar en la dirección de algo que aumente las emisiones sería una de las opciones menos paliativas", apuntó.

Existe una desconexión entre "lo que la política legislativa establecerá y lo que el clima dictará", según ella.

En relación con la opinión de Kerry y Graham de que la energía nuclear tiene demasiadas regulaciones y pocas inversiones, Saylor señaló que, en general, esa alternativa "se ha beneficiado de muchos fondos federales, a diferencia de otras fuentes limpias como la solar".

La Cámara de Representantes aprobó en junio un proyecto que apunta a reducir 17 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, respecto de los niveles registrados en 2005. La propuesta del Senado plantea una disminución de 20 por ciento, aunque se supone que será modificada cuando llegue a sala, si es que lo logra.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), creado en el marco de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), propone reducciones de entre 25 y 40 por ciento para 2020, respecto de los volúmenes de emisiones de 1990.

Max Baucus, uno de los senadores demócratas no muy convencidos de una ley para contener el cambio climático, señaló en la sesión del jueves del comité de Ambiente y Obras Públicas que le gustaría que se baje el máximo a 17 por ciento con la posibilidad de aumentarlo a 20 por ciento en caso de que otros países adoptan medidas similares.

Esa es la discusión que tendrá lugar en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que se realizará en la capital danesa del 7 al 18 de diciembre.

Es muy poco probable que el Congreso de este país tenga algo sustancial para poner sobre la mesa antes de que empiecen las negociaciones.

Hay otros cuatro comités que deben dar su opinión sobre el proyecto de ley.

Además, el líder de la mayoría demócrata de esa cámara, Harry Reid, ya dijo que iba a pedir a la Agencia de Protección Ambiental que analizara en profundidad el proyecto que salga de las deliberaciones de los comités y de la propuesta de los senadores Kerry, Lieberman y Graham, proceso que puede demorar cinco semanas.

"En estas cuatro semanas no tenemos tiempo para atender cada detalle del tratado", respondió Kerry al ser consultado sobre qué espera de las negociaciones de Copenhague.

"Espero que se logre un verdadero acuerdo político vinculante que incluya mecanismos financieros, adaptación y objetivos de reducción de emisiones y así tener el esquema del tratado", indicó.

En definitiva, Kerry espera que los detalles y el texto del tratado se terminen de acordar el año que viene.

Una opinión similar expresó el jueves el secretario ejecutivo de la Convención de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre cambio Climático, Yvo de Boer, en Barcelona, donde esta semana tuvo lugar la última instancia de negociaciones previa a las reuniones de diciembre.

"No creo que logremos un acuerdo vinculante en Copenhague", admitió. "Creo que lo alcanzaremos dentro de un año", añadió.

Podría pensarse entonces que el hecho de que Estados Unidos no tenga una legislación integral no marcará una diferencia significativa en el éxito de las negociaciones en la Convención. Pero hay otras razones para lograr algo en Copenhague, aun sin que los delegados de este país tengan un mandato legislativo en materia de reducción de emisiones.

"Lo que la gente parece olvidar es que hay dos discusiones distintas", explicó Kate Homer, analista de Amigos de la Tierra: una es la que mantendrán los delegados de los 192 estados parte de la Convención, suscrita en Río de Janeiro en 1992, y otra la de los 184 países partes del Protocolo de Kyoto, firmado en 1997.

Estados Unidos sólo es parte de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático.

Los países que ratificaron el Protocolo de Kyoto tratarán de fijar nuevos compromisos de reducción de emisiones para que asuman las naciones industriales después de 2012, en tanto Estados Unidos y otros miembros de la Convención discutirán un plan de acción más amplio en materia de cambio climático.

"Que Estados Unidos tenga, o no, una ley no tiene importancia" en lo que respecta al Protocolo de Kyoto, remarcó Homer. Lo que espera Amigos de la Tierra es "que los firmantes del convenio se comprometan con objetivos vinculantes", apuntó.

De todas maneras, "el gobierno de Barack Obama tiene la potestad de fijar reducciones de emisiones sin que el Senado apruebe una ley, y esperamos que lo haga", añadió.

Pero Saylor recordó el compromiso del vicepresidente Al Gore con el Protocolo de Kyoto, suscrito por Bill Clinton (1993-2001), y el fracaso posterior ante un Senado hostil a ratificarlo, coronado más tarde por la decisión de Bush de retirar la firma que su predecesor había estampado en el tratado.

Es importante que el Senado apruebe el proyecto de ley, según ella, "para que el gobierno de Obama sepa qué rumbo toma la legislación de este país".

"Es bueno para otros países que Estados Unidos realice un esfuerzo de buena fe", añadió.

Pero no parece ser suficiente. Los países africanos se retiraron de las negociaciones de Barcelona el jueves por la falta de compromiso de las naciones industrializadas en materia de reducción de emisiones contaminantes.

"A los países en desarrollo les preocupa que las naciones industrializadas no se hayan tomado el asunto con la seriedad que exige", concluyó Homer. (FIN/2009)

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ENERGÍA-BRASIL: Los rayos y centellas del apagón

ENERGÍA-BRASIL: Los rayos y centellas del apagón

Por Fabiana Frayssinet

RÍO DE JANEIRO, nov (IPS) - Con un mayor acceso de la población más pobre a los bienes de consumo y veranos anticipados por los cambios climáticos, Brasil afronta el desafío de mejorar su red energética para evitar más apagones como el que el martes 10 dejó a oscuras a casi medio país.

La palabra vulnerabilidad era la que expresaban los pocos transeúntes que se atrevían a circular en la oscuridad casi total por las calles en la jornada en que Brasil quedó sin energía eléctrica.

Vulnerabilidad por "cómo es que se apaga la luz de la mitad de Brasil y por tanto tiempo", según la profesora Janette Lenine.

Vulnerabilidad porque un simple vendaval deje a oscuras a las principales economías del país, según el testimonio del empleado Felipe Medici.

Vulnerabilidad al fin, según los especialistas de energía, dejada al descubierto por el mayor apagón de los últimos 10 años, que causó numerosos trastornos urbanos como la falta de transporte, el congestionamiento de tránsito, problemas de comunicación, accidentes y el desabastecimiento de otros servicios esenciales como el agua.

La caída de las generadoras interrumpió 45 por ciento del abastecimiento energético, afectando a unos 60 millones de los casi 190 millones de brasileños por más de tres horas en 18 estados (provincias).

Los argumentos del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva no dejaron satisfechos a muchos. Según su ministro de Energía y Minas, Edison Lobao, la causa del "accidente" fue un fenómeno meteorológico fuera de lo normal

Una conjunción de rayos, lluvias y vientos muy fuertes provocó un cortocircuito en tres líneas de transmisión que unen el complejo hidroeléctrico de Itaipú, compartido con Paraguay, en el sureño estado de Paraná, con la subestación de Itaberá, en el estado de Sao Paulo, y la consecuente desconexión total de la planta, por primera vez en su historia.

Itaipú produce cerca de 20 por ciento de la energía eléctrica que usa Brasil y casi 90 de la de su vecino Paraguay.

En Brasil es fundamental para abastecer una de las regiones más ricas del país, como es la del sudeste, con estados económicamente importantes como Río de Janeiro y Sao Paulo.

"Hubo un cortocircuito en los tres circuitos que vienen de Itaipú", explicó al ministro tras aclarar que se desconectaron las otras dos líneas de transmisión restantes para evitar que el problema no se propagase.

"El sistema (de interconexión) eléctrica es bueno", dijo, y lo comparó con un avión, que es "una de las máquinas más perfectas que la humanidad creó, y también se cae". Luego subrayó Lobao que el de Brasil no fue el único apagón en el mundo causado por fenómenos climáticos.

Pero el avión, según Luiz Pinguelli, director del Centro de Postgrado de Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro, puede hasta caer por un rayo, pero no arrastrar consigo a toda una flota.

"Hay tres líneas de Itaipú hacia el centro-sur del país. Si cae una línea, las otras dos tendrían que tener una forma de asegurar parte importante del sistema", declaró a IPS Pinguelli, ex presidente de la empresa estatal Electrobrás.

Para el experto, es necesario una mejor administración del sistema de energía eléctrica para evitar la propagación de un problema en "una dimensión tan grande".

"El sistema tiene que ser más inteligente. Es normal que caiga una línea, no hay como evitarlo. Pero esta vez fue demasiado. El apagón fue demasiado grande", acotó.

El accidente tuvo lugar apenas tres días después de otro que afectó varios barrios de Río de Janeiro el fin de semana, y que la empresa distribuidora Ligth atribuyó a la sobrecarga del sistema.

"No pueden alegar que las personas compran heladeras. Tienen que hacer una previsión porque como concesionaria está obligada a ofrecer energía. La firma no puede decir que el consumidor no puede comprar aparatos de aire acondicionado", cuestionó Pinguelli.

Como parte de una política de estímulo al consumo para combatir los efectos de la crisis financiera internacional en curso, el gobierno de Lula redujo este año impuestos de los aparatos electrodomésticos causando así un récord de ventas.

El fin de semana, ante temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año y que llegaron a los 40 grados, el aumento de las compras de estos productos llevó al desabastecimiento en muchas tiendas de Río de Janeiro.

Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura, tampoco, como Pinguelli, cree en rayos y centellas como causa del accidente, aunque sí en el encendido simultáneo de heladeras y aparatos de aire acondicionado, que habrían llevado al derrumbe del sistema por sobrecarga. En entrevista con IPS, el experto en energía lo atribuye a causas estructurales.

"Yo creo que lo que ocurrió en Itaipú muestra que es necesario hacer inversiones para la ampliación de las líneas de transmisión y para una gestión más moderna", sostuvo, al conjeturar que lo que probablemente ocurrió fue una sobrecarga del sistema en una época inusual de calor.

"La población tiene hoy un acceso mucho mayor a electrodomésticos como aires acondicionados y heladeras y se registró entontes una sobrecarga y el sistema no esta preparado para eso y derrumba redes", analizó.

Pires añadió que el apagón debe servir para que el gobierno retome las inversiones en infraestructura para acompañar el crecimiento económico.

"Cuando el mundo tuvo un alto crecimiento económico y había gran liquidez financiera en el mercado internacional, se debió haber aprovechado esa fase para modernizar nuestra infraestructura que es muy precaria", agregó.

El gobierno de Lula lo desmiente y atribuye a razones electorales las críticas sobre falta de inversiones, entre otras las del candidato a la presidencia de Brasil, el oposición y hoy gobernador de Sao Paulo, José Serra.

La candidata oficialista para las elecciones de octubre de 2010, la jefa de la Casa Civil (especie de primer ministra), Dilma Rousseff, fue hasta 2005 precisamente ministra de Energía.

En la época del antecesor de Lula, su rival Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), hubo una serie de apagones que culminaron en un gran racionamiento energético en 2001.

Pero Lula asegura que su gobierno superó esos problemas y que las causas del reciente apagón no tienen nada ver con las del pasado.

"Lo que ocurrió en 2001 es que no se producía energía suficiente. Y además no teníamos líneas de transmisión para inter-ligar todo el sistema eléctrico brasileño. Hoy tenemos el sistema totalmente inter-ligado", se defendió Lula, mientras su ministro da como cifra un 98 por ciento.

Según Lula, en los últimos siete años se invirtió en concepto de líneas de transmisión 30 por ciento de lo que se había hecho en 123 años.

Jean Paul Prates, secretario de Energía del gobierno de Río Grande do Norte, coincide con algunos argumentos oficiales, por ejemplo los que atribuyen a un fenómeno meteorológico anormal el perjuicio en las líneas de transmisión.

En ese sentido, llama la atención inclusive en la rapidez en que reaccionó el sistema para volver a al normalidad, comparándolo a otros eventos similares en Estados Unidos y Europa.

Pero Prates, quien fomenta en su estado la producción de una energía limpia, como es la eólica, cuestiona también la deficiencia en el sistema de transmisión.

Deficiencia que no se corrige pese a las licitaciones de transmisión impulsadas por el gobierno federal, pero mucho menos rápidas que las necesidades de satisfacción de la demanda energética creciente.

"Para diciembre tenemos en Río Grande do Norte una oferta de más de 4.000 megavatios de energía eólica, pero no tenemos líneas de transmisión para llevar esa energía", ilustró al referirse a la primera licitación nacional para producir energía eólica, que tendrá lugar el 14 de diciembre.

Con el mayor potencial de oferta energética eólica del país, que llegan a unos 22.000 megavatios equivalentes a "dos Itaipús", Rio Grande do Norte también quiere "exportar" electricidad a otros estados vecinos.

Su estado, que es el último en la red de transmisión, tuvo 28 municipios afectados por el apagón durante 22 minutos. Según Prates, si cada estado pudiera aumentar su potencial de producir energía, se evitaría la necesidad de transportarla con sus consecuentes riesgos de transmisión y costos.

"Tenemos nota 10 en potencial eólico, pero apenas cuatro en líneas de transmisión", calificó al reforzar la necesidad de impulsar otros tipos de energía. El 80 por ciento de la energía brasileña proviene de represas hidroeléctricas.

El secretario dice que otras energías alternativas limpias como la eólica, podrían aliviar el sistema del sur y evitar problemas como el reciente apagón.

Pero para ello reclama una mayor atención del gobierno de Lula a efectos de una planificación energética nacional. Pide que además de escuchar a las distribuidoras de energía consulte también a las secretarias de Energía de los gobiernos provinciales.(FIN/2009)

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Senado despachó la iniciativa que establece una nueva institucionalidad ambiental

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Valparaíso | 10/11/2009 | Departamento de Prensa | Boletín Nº 5947-12
 
 
 
 
A tercer trámite proyecto que crea el Ministerio y la Superintendencia de Medio Ambiente
Senado despachó la iniciativa que establece una nueva institucionalidad ambiental y que crea además el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas con el compromiso de transformar a la CONAF en un servicio público descentralizado.

En el marco del acuerdo suscrito entre la Alianza, algunas bancadas de la Concertación, independientes y el gobierno, el Senado aprobó, en segundo trámite, el proyecto que crea el Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente, el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ahora le corresponderá a la Cámara de Diputados pronunciarse en tercer trámite sobre la nueva institucionalidad .

El mencionado acuerdo que fue cuestionado por organizaciones medioambientales  y que permitió agilizar la tramitación de la nueva institucionalidad incluye 11 puntos, entre ellos el compromiso de transformar a la CONAF de una corporación de derecho privado a un servicio público descentralizado, en el plazo de un año y de crear los tribunales ambientales especializados. Esta última iniciativa ya se encuentra cumpliendo su primer trámite en el Senado.

De esta forma, la Sala despachó por mayoría las normas de la iniciativa que, entre otros temas, consagra la preeminencia de los criterios técnicos en materia medioambiental y avanza en el sistema de fiscalización que hoy se encuentra disperso y fragmentado.

Durante el debate intervinieron los senadores Pablo Longueira, Juan Pablo Letelier, Soledad Alvear, Carlos Ominami, Andrés Allamand, José Antonio Gómez, Hernán Larraín, Jorge Pizarro, Evelyn Matthei, Pedro Muñoz Aburto, Antonio Horvath, Jaime Gazmuri, Hosaín Sabag y Camilo Escalona, además de la Ministra Ana Lya Uriarte.

TEMAS MÁS POLÉMICOS

GrAn parte de la discusión estuvo centrada en los temas relativos a la participación ciudadana ya que, a juicio de algunos parlamentarios como José Antonio Gómez y Carlos Ominami esta facultad quedaba cercenada en el texto legal cuando se hace referencia a la participación del "público interesado" en los proyectos de evaluación ambiental estratégica.

Sin embargo, los senadores Pablo Longueira, Juan Pablo Letelier, Soledad Alvear, Andrés Allamand  y Hernán Larraín, además de la Ministra Ana Lya Uriarte dejaron constancia de que este concepto de "público interesado" se refiere a los planes de evaluación estratégica y no a la evaluación de proyectos ambientales específicos, donde si se contempla la participación ciudadana en todas sus dimensiones. Finalmente, la norma se aprobó por 21 votos a favor y dos en contra.   

Por otra parte, el Senado aprobó por 23 votos a favor y 3 en contra  la norma que establece la obligación de los proponentes de los proyectos de describir en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, la forma en que tales iniciativas se relacionarán con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal.

Asimismo se deberá solicitar un pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente.

Por 23 votos a favor, uno en contra del senador Gómez y una abstención del senador Ominami, el Senado aprobó la norma que evitará que los proponentes entreguen proyectos o actividades en forma parcializada o por etapas, pese a que tienen un impacto general en la misma zona.

De este modo se establece una evaluación "sinérgica" de los distintos proyectos ambientales, incluso de aquellos que habiendo tenido una evaluación favorable previa no hayan sido ejecutados.

Paralelamente, la Sala repuso por 25 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones la disposición que se había perdido por falta de quórum en la Cámara Baja relativa a la conformación de los nuevos Consejos Regionales Medioambientales (COREMAS). Éstos estarán integrados por el Intendente y los Seremis y tendrán la obligación de considerar como vinculantes los informes técnicos que emitan las autoridades del servicio de evaluación 

Al respecto, el senador Carlos Ominami expresó sus dudas en cuanto a la real autonomía e independencia de las COREMAS, sin embargo sus pares Pablo Longueira, Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier y Andrés Allamand resaltaron que hoy participan en las COREMAS los Cores y gobernadores y junto con eliminar a estos integrantes, en la nueva Ley se hacen vinculantes los informes técnicos.

CRÍTICAS AL ACUERDO POLÍTICO

El senador José Antonio Gómez se hizo cargo de algunas de las críticas al acuerdo político que permitió destrabar el análisis de esta iniciativa y señaló que  "el Protocolo es bueno pero obliga solo a quienes lo firmaron y, en mi caso, el partido Radical Socialdemócrata (PRSD) no lo firmó porque consideramos que hay una serie de normas que no están bien resueltas y que debieron discutirse con mayor amplitud y no con la urgencia que se le otorgó a esta iniciativa".

Asimismo, el senador Jaime Gazmuri pese a que se mostró partidario del proyecto manifestó su esperanza de que "este texto legal hubiese podido resolver en forma definitiva un conjunto de temas que todavía no están resueltos, como por ejemplo la situación de CONAF".

En la oportunidad, los senadores Pablo Longueira, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Soledad Alvear y Camilo Escalona defendieron el Protocolo de acuerdo con el Ejecutivo y refutaron las críticas tanto de los parlamentarios como de algunos sectores ambientalistas en el sentido de que el objetivo de este proyecto no era revisar definiciones o criterios sobre contaminación o normas ambientales sino más bien crear una institucionalidad ambiental de segunda generación 

El senador Escalona añadió que "incluso los sectores ambientalistas deberían sentirse satisfechos porque finalmente existe una mayoría que está por un desarrollo en forma sustentable".

Los legisladores junto al senador Hosaín Sabag también valoraron que se haya incluido -por primera vez- una solución concreta para la Corporación Nacional Forestal (CONAF), ya que en el plazo del año el Ejecutivo deberá enviar un proyecto para transformarla en un servicio público descentralizado resguardando los derechos de sus trabajadores.

A su turno, los senadores Hernán Larraín y Evelyn Matthei recalcaron que esta iniciativa obligará al próximo Presidente de la República a transformar a la CONAF como servicio público, ya que en este caso, se aplica la disposición que tiene que ver con las acusaciones constitucionales, en caso de que se incumpliera este compromiso.

Finalmente, la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte agradeció la acogida que tuvo esta reforma que "es una de las más importantes en la modernización del Estado y que significa otorgar una mayor jerarquía al ordenamiento jurídico medioambiental

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A ley proyecto que crea el Ministerio de Energía

A ley proyecto que crea el Ministerio de Energía
 
La Cámara Alta aprobó el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias entre ambas ramas del Congreso respecto de las obras de expansión del sistema de transmisión troncal de energía.

En condiciones de ser remitido a la Presidenta de la República para su firma y promulgación como ley, quedó el proyecto  que crea el Ministerio de Energía. El Senado aprobó con 26 votos a favor y dos en contra de los senadores Nelson Ávila y José Antonio Gómez, el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias entre las dos ramas del Congreso respecto de las obras de expansión del sistema de transmisión troncal de energía

Cabe recordar que la controversia se generó cuando la Cámara de Diputados rechazó una modificación del Senado que disponía que las obras de expansión del sistema de transmisión troncal de energía tendrían el carácter de imprescindible, serían de interés nacional y en caso de que fueran requeridos por otras leyes se entendía que contaban con la calidad de concesionario de servicios eléctricos.

Finalmente, la Comisión Mixta propuso un texto que excluyó los términos "imprescindible y de interés nacional", pero mantuvo una disposición que precisa que tales faenas deberán respetar las leyes sobre medio ambiente, bosque nativo y otras.

Según explicó el senador Baldo Prokurica, presidente de la citada instancia, las dudas que se habían presentado, se referían a que la aprobación de una disposición como esta podría afectar las normas sobre medio ambiente, entre otras. No obstante, precisó que el único objetivo de esta norma es que una vez que la autoridad disponga la extensión de las líneas de transmisión troncal, ésta pueda iniciar tres trámites a la vez y no hacer cada uno de los trámites sucesivos.

DISCREPANCIAS

Una opinión distinta manifestó el senador José Antonio Gómez, quien señaló que al establecer esta disposición se permitiría que quien realice las obras de expansión del troncal adquiera la calidad de concesionario, lo que le permitiría tener servidumbres de paso y una serie de otras condiciones, que, en su opinión, posibilitaría que se "salten" algunos de los requisitos que la ley establece.

 A su juicio, esta medida va a generar una gran confusión desde el punto de vista jurídico.

A su turno, el senador Juan Pablo Letelier solicitó que se precisara el alcance de la norma, pues señaló que se debe esclarecer si la calidad de concesionarios se extenderá solamente hasta que se resuelva quien va a tener la concesión definitiva. 

Al respecto, el Ministro de Energía Marcelo Tokman precisó que esta disposición solo se refiere a las líneas de transmisión troncal, con lo cual una de las aseveraciones que se hizo, respecto de que esto estaba relacionado con el proyecto hidroaysén, queda totalmente descartado.

Agregó que la norma no significa en ningún caso que los titulares de los proyectos de transmisión adquieran alguno de los derechos que establece la ley eléctrica para los concesionarios si no cumplen con los requisitos  que establece esta ley y con los procedimientos para contar con la concesión.

FUENTE: senado
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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