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Chile y el cambio climático

LA INTERVENCIÓN de la Presidenta Michelle Bachelet en la Asamblea General de la ONU ha dejado ver una acertada visión sobre los desafíos que demanda el cambio climático global. Es decir, con quince años de retraso, dado que la Convención fue firmada en 1992, y el Protocolo de Kioto, en 1997. Aun así, en su discurso, la Mandataria destacó la expectativa de que los países del primer mundo asuman mayores compromisos de mitigación, adaptación, transferencia tecnológica y financiamiento, pero entendiendo que "es necesario que los países en desarrollo emprendan acciones adicionales de reducción de emisiones, en el marco de un esfuerzo global". Una muestra de coherencia debería llevar a realizar una tarea pendiente: Chile aún no cuenta con una estrategia nacional de mitigación y adaptación al cambio climático para afrontar los impactos proyectados sobre la sociedad y los ecosistemas.

El país es sensible al cambio climático según los criterios de la convención. Tiene zonas costeras bajas; ecosistemas de montaña; territorios áridos y semiáridos expuestos a la sequía y la desertificación; porciones proclives al deterioro forestal; áreas propensas a desastres naturales; y otras con una alta contaminación atmosférica. El estudio de variabilidad climática encargado por la Conama a la Universidad de Chile proyecta alzas de temperaturas entre 2 y 4 grados durante este siglo, además de la drástica reducción de las precipitaciones y pérdida acelerada de glaciares. Esto conlleva un desafío de adaptación para el agro, las urbes, el borde costero y la gestión hídrica en cada región.

Lamentablemente, el Gobierno está obligado a esmerarse el doble -o el triple- debido a que las pasadas gestiones de la Concertación perdieron tiempo valioso. Hoy, es preciso formular urgentes políticas de adaptación para la eficiencia en el riego agrícola; la regulación del uso de agua en la minería (pasar del relave a pasta); el imperativo de concretar la Estrategia Nacional de Cuencas y la protección del borde costero, y la necesidad de poner urgencia al proyecto de ley de protección de glaciares, hoy estancado en el Congreso, porque estas reservas de agua están amenazadas por emprendimientos productivos -mineros- que dejan polvo sobre el hielo, lo que acelera su derretimiento, o ejecutan tronaduras.

En materia de mitigación, urge incorporar 10% de energías renovables para 2020 y alcanzar el objetivo de 15% de eficiencia y ahorro energéticos; retomar la prioridad de la Estrategia de Biodiversidad y proteger los bosques presentes en el territorio, porque éstos son importantes receptáculos de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Responder a estos temas pendientes es la condición para que nuestro país demuestre consistencia y liderazgo en el debate sobre el cambio climático. Así lo ha entendido en México el Presidente Felipe Calderón, cuyo gobierno ha aplicado notables programas de reducción de emisiones de dióxido de carbono y protección del agua; y en Alemania, donde la Canciller Angela Merkel busca alcanzar la meta de 20% de energías limpias en la UE. Es la oportunidad de encabezar una posición sudamericana progresista en la materia.

Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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