Como consecuencia de los cortes de gas proveniente de Argentina, nuestro país tuvo que ajustar su sistema de generación eléctrica a esa nueva realidad. Eso implicó reconocer que la tecnología de expansión del sistema es el carbón y ajustar los precios al alza. Esta situación promovió en el corto plazo el uso de diésel en las centrales de ciclo combinado y la materialización de inversiones en centrales a carbón. La contrapartida es que el costo de la energía ha subido significativamente: 51 por ciento en el último año.
Como el reconocimiento del problema no fue inmediato y durante varios años no hubo inversiones, el alza de precios no ha aliviado la presión sobre el sistema energético. En el último año, la escasez en la oferta de energía no hidráulica se ha visto agravada seriamente por la falta de agua: menos de la mitad de la energía del sistema interconectado central está siendo proveída de ella, lo que representa una baja del 31 por ciento respecto de un año atrás.
En este escenario crítico, el Gobierno publicó el 26 de enero pasado el decreto preventivo de racionamiento que había anunciado a comienzos del mismo mes. La medida más conocida es la que instruye una reducción del 10 por ciento en el voltaje que las empresas distribuyen a los clientes finales. Pero, quizás, las medidas más importantes son aquellas que permiten que las empresas generadoras formulen ofertas a los clientes regulados para que éstos disminuyan su consumo. Las generadoras tienen incentivos para realizar dichas ofertas, porque en caso de racionamiento deben pagar un costo muy alto por la energía no entregada. Este mecanismo tiene la virtud de que permite reducir la demanda por energía sin generar los costos que imponen los cortes abruptos o programados, como los que el país experimentó en 1998-1999.
Un corte parejo tiene el inconveniente de que no distingue entre quienes valoran más la energía en el momento en el que se produce el corte y los que la valoran menos. El decreto de racionamiento preventivo, al permitir ofertas por ahorros de energía, evita que esa realidad se concrete, porque a cambio de un premio lleva a que las reducciones de consumo se concentren en los consumidores que valoran menos la energía. Así se puede evitar que se produzca efectivamente el racionamiento, adaptándose de manera voluntaria la demanda a la energía disponible. Por supuesto, es clave que los generadores puedan coordinarse de forma adecuada con los consumidores, situación que la autoridad debe supervisar cuidadosamente.
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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