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MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
ONG, científicos, juristas y expertos en políticas públicas de todo el mundo se han unido para llevar a cabo un plan de acción que culmine en una estrategia internacional, que se desarrollará a nivel multidisciplinar, y que tendrá como objetivo aumentar el control legislativo de las sustancias tóxicas y sus efectos ambientales y sobre la salud.
"Queremos desarrollar un plan de acción para concretamente saber en qué punto de control están temas como la nanotecnología, transgénicos, químicos, pesticidas o contaminación electromagnética; para abordar y crear una estrategia de acción para mejorar la política pública", ha explicado a Europa Press la directora de la Organización para la Defensa de la Salud, Irina de la Flor, quien ha destacado la participación Greenpeace.
Para ello, se van a organizar varios grupos de acción con expertos de cada tema para saber exactamente dónde se encuentra la legislación actual; en qué punto se halla la información científica sobre estas sustancias, y si está siendo utilizada eficientemente; y, además, cómo está el estado de la evaluación de los riesgos.
En este sentido, De la Flor ha alertado de que en el mundo científico se está produciendo un contrasentido con las investigaciones que, tras un largo proceso de desarrollo, se ponen en marcha sin una evaluación de riesgos, muchas veces porque "es imposible". Para solventar esto, añade, "se crean leyes y políticas públicas en torno a incertidumbres".
Esta experta ha denunciado que el control mundial de las sustancias tóxicas "está muy mal", por eso se hace necesario el desarrollo de ésta estrategia internacional, mediante la que se pretende hacer llegar al público "los riesgo reales" de muchas de las sustancias tóxicas que rodean a la población, ya que, añade, "se sabe que los Gobiernos no están informando de los riesgos a los que la población está siendo expuestos".
Ya se han puesto en contacto con un experto legalista estadounidense para conocer cómo deben desarrollar las acciones comunes, y, por el momento, les han aconsejado que basen sus reivindicaciones teniendo en cuenta la legislación americana más que la europea, ya que, explica de la Flor, "en Europa no hay suficientes instrumentos legales potentes para hacer responsables a las industrias de las catástrofes que han hecho, hacen y se van hacer con daños en la salud pública y medioambiente".
El coordinador científico de la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER), Hartmut Meyer, ha admitido que son necesarias "normas y leyes sobre cómo utilizar los resultados de los estudios científicos y cómo controlar las sustancias químicas, pero eso sólo se conseguirá si hay una mayor presión por parte del público".
Así, durante el próximo año se pretenden desarrollar los contenidos de cada grupo de trabajo con expertos, de modo que, de cara al futuro, se pongan en marcha estrategias y campañas con acciones mensuales, trimestrales y anuales. No obstante, los planes de acción estarán "siempre activos" teniendo en cuenta la amplitud de las sustancias y la aparición de nuevos productos en el mercado.
Uno de los principales escollos para conseguirlo radica en la presión que ejerce la industria, explica Meyer, "porque cuando un gobierno o incluso la Unión Europea se proponen prohibir una sustancia química concreta, eso tiene un gran coste para la industria, así que en muchos casos nadie está interesado en prohibir esa sustancia".
Esta iniciativa se pone en marcha coincidiendo con Conferencia Internacional sobre Riesgos en la Salud Pública y el Medio Ambiente, organizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés), la European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) y la Organización para la Defensa de la Salud, que se desarrolla hasta este viernes en Madrid. Precisamente, espera evaluar la estrategia internacional realizada hasta ese momento y comprobar los objetivos cumplidos.
Este encuentro que pretende hacer llegar al público además "servirá para discutir y resolver los complejos problemas que se están planteando frente a las nuevas innovaciones científicas que se están desarrollando", que, según De la Flor, es un debate que no se produce en los organismos sanitarios reguladores.
UN EJEMPLO: EL BISFENOL A
Un ejemplo claro de la situación legal mundial es el bisfenol A, una sustancia estrogénica presente de forma habitual en los plásticos, que está presente en el organismo de la totalidad de la población y sobre el que hay más de cien estudios, de los cuales una amplia mayoría desaconsejan su utilización, advierte Nicolás Olea, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada
"El 100 por cien de las mujeres embarazadas del tercer trimestre en España y el 95 por ciento de los niños de 4 años orinan todos los días bisfenol A, además de otros 17 residuos tóxicos", ha explicado a Europa Press, al tiempo que ha recordado que la industria se aferra a que los niveles son muy bajos.
La cuestión, para este experto, es saber por qué siempre los informes de la industria son más validos que los de investigadores independientes; asimismo, lamenta que se afirme una mala práctica investigadora para "ganar tiempo" y que estas sustancias no sean ilegales.
No obstante, esto ha servido para saber que las bajas dosis son difíciles de concretar a la hora de controlar, y que falta una regulación que controle el efecto combinado de las bajas dosis de las distintas sustancias toxicas, ya que, actualmente, no existe legislación al respecto.
Sin embargo, en la población, lo normal es que el organismo asimile diferentes porcentajes de sustancias tóxicas. "Mientras que esto no sea tenido en consideración el sistema de control es un fracaso, una realidad a medidas al considerar exposiciones individuales y no combinadas", ha añadido.
El caso del bisfenol A es un ejemplo claro de lo que ocurre con muchas otras sustancias tóxicas. En caso concreto, llama la atención ya que la Unión Europea decidió prohibir, a partir de marzo de 2011, este compuesto químico por precaución. Su eliminación futura del resto de productos, según este experto, "dependerá del tiempo que considere el que hizo la inversión industrial en que ha recuperado los beneficios prometidos".
El censo de sustancias químicas registrado en la Unión Europea es de 135.000 compuestos, y es que hay que tener en cuenta que las sustancias tóxicas están presentes en todo tipo de productos de uso cotidiano y en la práctica totalidad de las ocasiones los ciudadanos desconocen completamente la composición de dichos productos, sus mecanismos de acción y sus efectos en la salud.
"De ellos hay estudios toxicológicos en menos de un 20 por ciento, y estudios completos en no más de 20 sustancias", explica el científico Nicolás Olea, quien subraya la importancia de actuar con cautela ante esta situación, puesto que puede tener graves consecuencias para nuestra salud.
Los factores ambientales, según Olea, son los responsables del 90 por ciento de los cánceres, de la actual proliferación de alergias, de multitud de problemas de salud reproductiva, etc. "Lo peor es que la clase médica tampoco es consciente de estos riesgos. Para los profesionales de la salud éste es un asunto totalmente desconocido, tan lejano como está la agricultura ecológica de los médicos de cabecera", añade.
